Profesora y expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores advierte sobre intereses detrás de los errores en textos escolares

Por Edinson Acosta

María Teresa Cabrera denuncia que empresas editoriales buscan lucrar con el dinero público

– SOMOS CIBAO.-Santo Domingo, República Dominicana – La profesora y expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, ha destacado la importancia de abordar los errores en los textos escolares, pero ha señalado que detrás de las denuncias de las empresas editoriales se encuentra un interés financiero significativo.

Cabrera sostiene que la presencia de errores en algunos libros de texto no debe minimizarse y debe corregirse de manera inmediata para garantizar una educación de calidad. Sin embargo, ha señalado que lo que motiva las denuncias de las empresas editoriales es la pérdida de ingresos derivados de los fondos públicos destinados a la impresión de libros.

En el año escolar 2021-2022, Cabrera revela que la compra de una parte de los libros del Nivel Inicial y del Nivel Primario costó al pueblo dominicano la suma de 3,800 millones de pesos. Además, se destinaron 800 millones adicionales para la adquisición de libros de inglés, Educación Física y Artística, así como una licitación de 1,856 millones de pesos para la compra de libros del Nivel Secundario, que finalmente no se ejecutó. En total, esto representa una inversión de 6,456 millones de pesos.

La expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores resalta que la producción de libros, tanto impresos como digitales, para todos los niveles educativos se realizó de manera eficiente y económica. Esta producción involucró a diversas instituciones académicas y tuvo un costo inferior a 1,200 millones de pesos, y los materiales pueden descargarse gratuitamente por cualquier persona. Además, la propiedad de estos libros es del Estado, lo que permite actualizaciones sin tener que recurrir a nuevas licitaciones.

Cabrera argumenta que las empresas editoriales presentan la «estatización» de la producción de libros de texto como algo negativo, pero en realidad, su preocupación se centra en la Ordenanza 03-2022 del Consejo Nacional de Educación. Esta ordenanza crea la UNIDAD EDITORIAL del MINERD y establece la responsabilidad del Estado en la preparación, selección y difusión de medios educativos, libros de texto y otros recursos para garantizar el acceso gratuito a la educación para todos los estudiantes.

La docente subraya que el Estado no está obligado a comprar a las empresas editoriales a precios exorbitantes cuando aún existen limitaciones en la infraestructura educativa que impiden a algunas familias encontrar cupo para sus hijos en las escuelas. «El dinero del Estado proviene del esfuerzo de cada ciudadano a través de los impuestos, y debe utilizarse de manera responsable», enfatiza.

Cabrera propone que el Ministerio de Educación realice las correcciones necesarias en los libros escolares, evalúe adecuadamente el tiempo requerido para esta tarea y fortalezca el área encargada de la evaluación de los productos recibidos para evitar futuros errores. Al mismo tiempo, defiende la política editorial del Estado como una medida acertada que debe preservarse.